En medio del ruido político que rodea una posible reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso sobre la mesa un mensaje claro: si se van a cambiar las reglas del juego democrático, que sea con todos los partidos sentados en la misma mesa.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que México vive una etapa de pluralidad real. Hoy hay alcaldes, gobernadores y hasta la titularidad del Ejecutivo en manos de distintas fuerzas políticas. En ese contexto, dijo, no tendría sentido que una sola visión quiera rediseñar el sistema electoral sin escuchar al resto. Para ella, una reforma “monocromática”, es decir, impulsada desde una sola trinchera ideológica, no le sirve al país.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Que cualquier cambio a las leyes electorales —las que definen cómo votamos, cómo se cuentan los votos, cómo se fiscalizan campañas y cómo se sancionan irregularidades— debería construirse con acuerdos amplios. No es un tema menor: tocar las reglas electorales es modificar el tablero donde compiten todos los partidos. Por eso, desde su óptica, el Congreso tiene un deber ético de abrir el debate, analizar artículo por artículo y evitar decisiones en “fast track” o negociaciones en lo oscurito.
Aunque la iniciativa formal aún no llega a la Cámara de Diputados, el debate ya está encendido. Desde el oficialismo se ha adelantado la intención de presentar cambios, mientras que voces de oposición han advertido que estarán atentas a cualquier intento de imponer una mayoría automática. López Rabadán subrayó que presentar una iniciativa es una facultad legal del Ejecutivo, pero aprobarla sin consensos amplios sería, en su opinión, un error histórico.
Más allá del discurso político, la diputada puso dos temas específicos sobre la mesa que, a su juicio, deberían estar en el centro de cualquier reforma. El primero es frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, un problema que ha prendido focos rojos en distintas regiones del país. El segundo es garantizar que los programas sociales no se utilicen como herramienta de presión política, es decir, que nadie sea amenazado con perder un apoyo gubernamental por el sentido de su voto.
En el fondo, lo que está en juego es el equilibrio entre mayorías y contrapesos. En un Congreso plural como el actual, cada bancada representa a millones de ciudadanos. Si no se escuchan todas las voces, advierte, se estaría dejando fuera a una parte importante del país. Y en temas electorales, donde se define cómo se accede y se ejerce el poder, la legitimidad depende tanto del contenido de la ley como del proceso con el que se construye.
El debate apenas comienza. Falta conocer el documento oficial, el articulado y la postura definitiva de cada grupo parlamentario. Pero lo que ya dejó claro la presidenta de la Mesa Directiva es que, para ella, la democracia mexicana no puede reformarse con una sola tinta.
